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Nota publicada el lunes, 24 de abril de 2017

La Constitución y sus asimilaciones
Por: Ricardo Guzmán Wolffer
•    El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917, de Emilio Rabasa Estebanell, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

•    La división de poderes en México. Entre la política y el derecho, de Leticia Bonifaz Alfonzo, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

•    Cómo hicieron la Constitución de 1917, de Ignacio Marván Laborde, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

El centenario de la promulgación de la Constitución Política nacional convierte al presente en el tiempo propicio para hacer algunas de las muchas apreciaciones que esta Ley principal requiere.
El libro de Rabasa –El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917– contiene la visión de varias generaciones de constitucionalistas. El añadido de este libro es que los autores son de la misma familia y, vista la calidad de los textos, esa condición no impide la mirada crítica sobre los antepasados. Así como en política podemos rastrear las generaciones de funcionarios públicos que se relevan en los mismos puestos, es importante constatar, una vez más, que en la mirada académica y cuidadosa también hay familias con esa tradición de estudio.

La mirada de Rabasa se centra en un punto de enorme actualidad: los derechos de propiedad derivados del artículo 27 Constitucional. No importa que los apuntes y discusiones tengan un siglo de ejercicio, si hoy hay un tema que está por definir el sentido del voto en las próximas elecciones, ése es el tema energético, pues los millones de votantes, especialmente quienes no ejercen su derecho, sin duda se regirán por el día a día: hasta cuánto suben los pagos de luz, gasolina y derivados. ¿Cómo entender un discurso reiterado sobre el bienestar colectivo para justificar las restricciones y ahora las aperturas a tales sectores energéticos? José Antonio Aguilera, quien participa junto con otras plumas en este texto, precisa en un comentario cómo lo que sucedía entonces vuelve, cual maldición cíclica: “la debilidad del Estado mexicano impidió la cabal aplicación de la ley y sus consecuencias negativas sobre el crecimiento económico”.

La apreciación sobre la Constitución suele desviarse de lo que significa en la vida cotidiana. Poco útil resulta tener muchas disposiciones constitutivas y defensoras de derechos humanos, si en la vida real esas leyes son letra muerta: la violencia económica mina por igual a quienes sufren el desconsuelo de la inseguridad, ya sea latente o sufrida en carne propia, o de familiares ante la ola de homicidios de género, delincuencial y demás. Un texto cuyo valor se amplía a lo histórico y social, no sólo a lo jurídico.

Lo anterior nos lleva al libro de Bonifaz (La división de poderes en México. Entre la política y el derecho, primero de una serie con distintos investigadores): ¿cómo se dividen los poderes? Cuando se habla de un estado fallido, suele pensarse en los desatinos, especialmente los mediáticos, de figuras importantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero apenas se considera el actuar de los integrantes del Poder Judicial.

Durante años se consideró al Poder Judicial como un apéndice del Ejecutivo, por la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya tiene décadas que no es así. En un magnífico recuento histórico, Bonifaz precisa el desarrollo del país con referencia al presidencialismo que rigió durante décadas. No puede establecerse la verdadera dimensión del cambio constitucional realizado durante la administración del presidente Zedillo, donde se creó la figura de los Consejos de la Judicatura, federal y locales, sin comprender la necesidad de contar con un poder Legislativo cuya composición permita cambios constitucionales, más allá de las necesidades sociales que debieran resolverse con ello: cuando el partido “único” contaba con mayoría en las cámaras legislativas, las propuestas presidenciables prácticamente se aprobaban sin mayor discusión.

Así, la creación de un Poder Judicial independiente, al menos en sus criterios jurisdiccionales (su presupuesto sigue ligado al procedimiento del resto de las instituciones públicas; debe informar sobre sus resoluciones, como cualquier órgano del Estado; etcétera), presupone mecanismos no sólo para el nombramiento de ministros y demás titulares de órganos judiciales, también para su funcionamiento. Bonifaz recorre el camino histórico para presentar algunas resoluciones importantes en el actual esquema donde, dependiendo del tipo de ministros (se autopromueven algunos aspirantes a ministro como liberales, implicando que los demás son conservadores en atención a sus ideas religiosas, por ejemplo), entre los que hay divisiones claras, así buscadas por los actores políticos del Senado, donde se ratifican las propuestas hechas por el Ejecutivo, como sucede entre quienes forman parte de la carrera judicial y quienes no, bajo el argumento de una compensación de puntos de vista jurídicos. Casos medulares del México contemporáneo se resolvieron judicialmente, como el “halconazo” durante el periodo del presidente Echeverría; “los amigos de Fox”, que permitió labrar el camino económico para la promoción del presidente Fox años antes de la elección histórica de 2000; y más. El texto de Bonifaz permite comprender el complejo proceso histórico-electoral que llevó al actual esquema de división de poderes.

De ahí la relevancia de comprender la hechura original de la Constitución, como se desarrolla en Cómo hicieron la Constitución de 1917, el texto de Marván. Desde los antecedentes históricos hasta la designación de constituyentes, el autor llega a la inclusión de las garantías individuales y sociales en el texto original. Destaca la inclusión del juicio de amparo en la Constitución, con las limitantes que hasta la fecha tiene, ahora matizadas con la “nueva” ley de amparo. Resulta destacable que las razones para ello coincidan con las que ahora se critica al actual juicio de amparo. Cita Marván sobre el presidente Carranza, quien se oponía a dar amplitud a este medio legal de defensa, por referir que ante la presentación de “un sinnúmero de expedientes” sólo se lograba “embrollar la marcha de la justicia”. Entre gobernadores en fuga y famosos delincuentes del narco, la concesión mínima de un amparo o de una suspensión provisional cae ineludiblemente en la crítica, especialmente en las redes sociales, donde se privilegia lo limitado del espacio contra la contundencia de lo “informado”. En voz del abogado Luis Cabrera en 1911, Marván documenta, de nuevo, la desigualdad en la aplicación de las leyes.

Ante la confrontación ley-realidad, el conocimiento de las leyes es primordial, pero más lo es el conocimiento de su desarrollo histórico para no tener regresiones legales o judiciales.

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Fuente: La Jornada Semanal de La Jornada / México / Ciudad de México Versión para imprimir