Pandemia, Régimen Económico, Políticas Públicas, Derechos Humanos y Corrupción o el Virus de la V

La pandemia que azota al mundo llegó al Perú. Sus efectos e impacto mayor aún están por llegar. Pero, ¿pudimos enfrentar mejor, como sociedad, como nación, como Estado, este fenómeno letal, tan desconocido como temible, que se da aproximadamente una vez cada cien años, y ahora que está acá, nadie sabe realmente cómo afectará la vida de todos, por cuánto tiempo y de qué manera impactará a los pueblos?. ¿Hubo solidaridad e inteligencia social entre nosotros, los peruanos, durante los últimos treinta años?. ¿Y antes de ese tiempo?. ¿Pagamos consecuencias o hemos sido premiados?

Introducción

¿Qué pasó con el Perú?. Debemos mirar retrospectivamente y conocer, objetivamente, y a la luz de lo que esta gravísima crisis de salud pública ha hecho lacerantemente evidente, las causas profundas de cómo evolucionaron los fenómenos económicos, políticos, sociales, y culturales. ¿Es posible individualizar responsabilidades que con sus decisiones desde el poder, acertaron o sentaron las bases estructurales del derrumbe, de la gravedad de crisis futuras, y del beneficio o daño de magnitud infligido a millones de seres humanos?. ¿Cómo se juzga el “éxito” en política económica y en políticas sociales?.

Es indispensable conocer las causas profundas y estructurales de la crisis multidimensional que golpea al Perú. ¿Se encamina el Perú a ser un Estado fallido y a desaparecer como tal, mientras se desintegra la nación que lo sustenta?. ¿Cuáles son los criterios para determinar la eficiencia y eficacia de modelos, sistemas y regímenes económicos, de decisiones de políticas públicas, y, por último, de la gestión de gobernantes y sus grupos de gobierno, en un período de veinte o treinta años?. ¿Y las víctimas de ese modelo y esas decisiones, qué deben hacer, tienen derecho a decir o a hacer algo?.

Es en tiempos difíciles como éstos, que las sociedades necesitan y valoran, dramáticamente, urgentemente, a dirigentes idóneos, exentos de dogmatismos y fanatismos, en la conducción del país. Y es en circunstancias como las actuales que se ponen a prueba, la integridad, la capacidad y los conocimientos de quienes tienen la conducción del país.

En estos tiempos será más necesario que nunca que ese conjunto humano haya internalizado los valores y principios del significado profundo del concepto integral de derechos humanos, tal como está concebido, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Notas, 1), y que ello se materialice, sin demagogia, en la verdadera mejora en la calidad de vida de todos, con dignidad para todos. Esa será la prueba incontrastable.

Quien esto escribe no es economista y seguramente habrán profesionales de esta disciplina que se estén preguntando en qué momento comenzó esto a fallar, a pesar de los números macroeconómicos en azul durante varias décadas y gobiernos en el manejo de la economía del Perú. ¿Milton Friedman o John Maynard Keynes?. Y escribo estas líneas con el respeto debido a esos esfuerzos de los economistas que intentarán una explicación integral y real de la vida y de las actividades de seres humanos. Esto, para entender qué está pasando con el país y qué ocurrió con esos anuncios reiterativos durante muchos años que nos decían que el Perú estaba en franco y definitivo camino al desarrollo y a ser un “tigre latinoamericano”, y que faltaba poco para llegar a niveles del primer mundo. Más importante que ello, para darnos, desde el punto de vista de la economía, recomendaciones sensatas para no volver a caer en esa trampa de autocomplacencia de la cual, en razón de los efectos recesivos y quizás depresivos de esta pandemia, nos costará mucho salir.

Un intento de respuesta, aunque no exhaustiva, se hará en las próximas páginas. 

Desarrollo

Algunos antecedentes

Reflexionemos sobre lo sucedido en el Perú durante los últimos treinta años a ver si comprendemos lo que ocurre hoy en el país. Y señalamos treinta años pues desde 1990, y en los años que siguieron, se impuso una forma distinta en la conducción del Estado, con relación a la etapa anterior, en los asuntos públicos y la relación con la ciudadanía, con los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y del campo, y con los sectores empresariales desde la micro hasta la gran empresa nacional y extranjera. Comprender sin dogmatismos ideológicos ni apasionamientos políticos para realizar un análisis que no podrá ser exhaustivo, de la génesis de nuestros problemas nacionales, y, sobre todo, las evidencias. Y esto, para no incurrir nuevamente como país, en errores graves que impactarán, con mayor dramatismo, sin excluir la tragedia, en la vida de millones de peruanos de todas las edades y condición, pero sobre todo, en quienes forman parte de aquellos millones de seres humanos que viven en agravada situación de pobreza y pobreza extrema, como resultado fundamental de decisiones tomadas por ótros, que no son pobres, y nunca lo fueron.

Regímenes oligárquicos del pasado

Lo anterior no significa sostener que el tiempo anterior a esos treinta años fueron ideales o de mejor recordación. Esas etapas de la historia del Perú desde su surgimiento como república en 1821 - e incluso los siglos anteriores a su nacimiento -, adolecieron de injusticias, iniquidades, exclusión y explotación de millones de seres humanos…y de racismo, encubierto o desembozado, que se hizo estructural y se instaló en lo que algunos llaman el “tejido social”. Inclusive puede afirmarse, sin hipérbole alguna, que la condición de territorios colonizados o conquistados violentamente por estados europeos (fundamentalmente pero no únicamente, España, Portugal y Francia en la América al sur de Río Grande hasta Cabo de Hornos) de lo que fue después el Perú y los otros países latinoamericanos determinó la instalación de cierta organización social y económica, con sus respectivos estados nacionales, cuyas características más definidas y categóricas seguirían estando presentes. Es más, debían seguir estando presentes en la etapa iniciada en 1990 en el Perú para que funcionara el modelo y el sistema. Se impuso la desaparición paulatina y sistemática de lo poco que en términos de derechos económicos y sociales se había avanzado hasta entonces en las democracias latinoamericanas de “baja intensidad”.  En ese sentido, es necesario comprender lo que significaron   los regímenes oligárquicos, al iniciarse en 1824 la etapa republicana que terminó con la presencia formal del poder español.

 Jorge Basadre afirma, refiriéndose a esa extensa etapa republicana del Perú oligárquico: “No cabe hablar, en verdad, de una sociedad peruana sino de varias articulaciones sociales en función, en parte, de circunstancias geográficas y, sobre todo, de la variabilidad del impacto producido por los fenómenos históricos desde la Conquista española hasta la introducción del industrialismo. Puede observarse en la vida nacional de los últimos cuarenta años…el incremento de las tensiones sociales y político ideológicas...El fenómeno más impresionante, sin embargo, por su magnitud, fue la dificultad para el alza en el nivel de vida de amplios sectores de la población campesina. Este proceso creó situaciones lamentables de discontinuidad de las que brotaron tanto prejuicios y egoísmos de un lado como acusaciones y dicterios de otro”. (Bib., 1)

El Perú en 1990

En 1989 y 1990 en el planeta se producían hechos importantes que referiremos más adelante, y que generaron nuevos aires y corrientes de pensamiento; y en el Perú en 1990, con un nuevo gobierno de Alberto Fujimori que se autodefinía como de “honestidad, tecnología y trabajo”, había que acabar con la hiperinflación, el desorden y la descapitalización que habían hecho crisis al culminar el primer gobierno de Alan García en julio de ese año. Todo ello, es cierto, agravado por diez años de acciones terroristas antipatria y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que en esos años presionaban a los países deudores para que impusieran programas de ajuste estructural, PAE, (Notas, 2) a sus economías que exigían ajustar a los pueblos mismos, y para que priorizaran, por sobre cualquier otra consideración, el pago de la deuda externa incrementada considerablemente por onerosísimos intereses impuestos. Todo ello con el respaldo, sobre todo, del FMI (Bib. 2). Por lo tanto, y en aras, precisamente de la necesidad de “modernizar la economía para hacerla más productiva y mejorar la calidad de vida de todos”, - por lo menos, eso era parte del discurso empleado para que las poblaciones aceptaran el presunto “nuevo orden económico y social” - había que instalar en el país las nuevas condiciones y relaciones - en rigor, realmente, no tan nuevas - que traía el nuevo modelo anunciado como neoliberal, como expresión renovada del sistema capitalista en el Perú, en América Latina y en parte del mundo.

Lo anterior ocurría luego de la debacle de los regímenes del llamado “socialismo real” - que eran dictaduras políticas en la vida real -, encabezados por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), autocalificados políticamente como “comunistas”, gobernando en nombre y, presuntamente, a favor del proletariado o la clase obrera. Por lo tanto, se había creado un ambiente mundial propicio para la instalación y prevalencia del nuevo orden neoliberal con insistentes promesas de redención de la humanidad.

Así, lo iniciado en 1990-1992 marca una etapa claramente distinguible en nuestra historia nacional que radicalizó los términos económicos, financieros y comerciales a favor del gran capital transnacional comenzando por los llamados programas de ajuste estructural (PAE) (Bib., 3), destinados fundamentalmente, entre otros objetivos, a generar fondos para el pago de la deuda externa, condición sino qua non en esos años para que el Perú se insertara plenamente en la economía mundial. Diez años antes, Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1980-1988) habían iniciado un relanzamiento del movimiento conservador mundial para reafirmar y fortalecer la posición y capacidad de ese gran capital transnacional, tanto al interior de sus sociedades como en los territorios de ultramar, y con ello su dominio y poder sobre esas economías y pueblos de menor desarrollo. Una versión renovada y no tan sofisticada de lo que algunos llamarían en lenguaje político del siglo XX: “imperialismo político, económico y financiero”, sin respuesta efectiva.

Las consecuencias altamente controversiales de todo ello comenzarían a verse años después, hasta la fecha, aunque en medio de ello estuvo la crisis económica y financiera global del año 2008 por la “gran burbuja hipotecaria” en los Estados Unidos, que generó una gran recesión - una especie de primer gran desencanto mundial. Fue una clarinada de alarma, a la arrogancia y soberbia con la cual hasta ese momento se manejaban ciertas economías en gran parte del mundo. Los gobiernos del Perú no fueron excepción.

La otra gran lección, cuyos resultados principales aún no conocemos, la está dando la actual pandemia que impacta al mundo entero.  

Junto con la desaparición de la Unión Soviética, se producía la caída del ominoso muro de Berlín, y el desplome de los regímenes dictatoriales comunistas de Europa Oriental, sostenidos esos sistemas políticos absolutamente antidemocráticos sólo con el terror de Estado y la represión sistemática colectiva de sus pueblos. Esos regímenes ahogaron libertades y sepultaron en vida a millones de seres humanos para encubrir, hasta donde pudieron, el estrepitoso fracaso terminal de su sistema con su economía centralmente planificada e impuesta a la fuerza, amparada en la oscuridad de las dictaduras. La China comunista continental, “curándose en salud” había iniciado ya en 1984 su llamado “proceso de rectificación”, luego de la muerte en 1976, de Mao Tse Tung, líder de la Revolución china, pero también, su gobernante autócrata durante décadas y concentrador del poder real, encabezando la élite del Partido Comunista chino. Aún así, en 1989 los sucesos sangrientos en la Plaza de Tiananmen en Pekín, que terminó en la masacre de miles de personas, no pudieron ser ocultados ante el mundo como prueba confirmatoria que sólo con represión masiva se sostienen esos regímenes. 

Y en el Perú, en 1990, mientras se desplomaba la propuesta comunista totalitaria euroasiática, comenzaba también a periclitar el movimiento subversivo/terrorista autodenominado “sendero luminoso”, por su fracaso natural como propuesta violenta y sangrienta de imponer, en nombre de la “justicia social”, un régimen tiránico destinado presuntamente a hacer la revolución justiciera en el Perú, tratando de emular al régimen genocida de los Khmer Rouge (Khmer Rojos) que bajo la dictadura de Pol Pot (Saloth Sar) azoló Camboya de 1975 a 1979. La acción inteligente y valerosa, el seguimiento paciente y táctico, de un grupo tenaz de policías miembros del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, dio la estocada final al grupo terrorista con la captura del genocida Abimael Guzmán y su cúpula asesina en setiembre de 1992. Sin realizar un solo disparo de arma de fuego.            

En 1990/92 y junto con los anuncios de la nueva globalización con su sucedáneo de la “aldea global” también comenzaban a reiterarse las advertencias por parte de científicos e investigadores, al mundo y a los gobiernos y poderes fácticos, sobre los riesgos que advenían para la humanidad con el cambio climático, el calentamiento global resultado de los gases de efecto invernadero (Notas, 3) por las crecientes emanaciones a nivel planetario del monóxido y dióxido de carbono y del gas metano; y el deshielo cada vez más acelerado de los cascos polares con la consiguiente elevación de los niveles de las aguas, y las inundaciones, huracanes y sequías que serían cada vez más frecuentes y extendidos, como viene ocurriendo en la actualidad. Se hace referencia a estos acontecimientos internacionales pues son hechos que impactan y gravitan en la economía de los pueblos y que debieron ser tomados seriamente en cuenta por los gobernantes para graduar la rigidez o flexibilidad de la aplicación de programas económicos que hacían, y hacen, más vulnerables a amplios sectores de la población. Lamentablemente, en muchos casos en el mundo no ha sido así, y el Perú, tampoco ha sido excepción.

El Modelo Económico en el Perú desde inicios de los 90   

Durante los últimos treinta años, en el Perú, se ha aplicado decididamente, sin miramientos ni paliativos sociales, un modelo centrado en el crecimiento económico buscando permanentemente “las cifras en azul de la macroeconomía” y relegando “para después” el desarrollo humano con equidad. Grave error. La política económica privilegió la desregulación sin reflexión, la privatización de empresas y servicios, y la reducción del Estado junto con la reducción, también, del llamado “gasto social” – es decir, la reducción considerable de la inversión del Estado en la salud, educación y nutrición de las poblaciones, aún con lo exigua que ya era esa inversión antes de los 90..

El clima general en el Perú de los 90 y lustros siguientes comenzó a favorecer ostensiblemente las ganancias de un reducido grupo de peruanos y extranjeros con su credencial de “inversionistas que generan empleo” pero aumentando preocupantemente la desigualdad social. La promesa era que se produciría, supuestamente, lo que algunos comenzaban a llamar, sin rubor, el “chorreo” en la pirámide social. Es decir, el presunto beneficio que en poco tiempo comenzaría a llegar a todos los estamentos y clases sociales, como consecuencia de ese crecimiento económico. Cabe recordar además, que ese crecimiento fue potenciado durante varios años por el aumento considerable en el precio de los minerales (fuente exportadora del Perú) en el mercado internacional como resultado, sobre todo, del fuerte incremento en la demanda proveniente de la República Popular China, en vertiginoso crecimiento económico, bajo condiciones específicas chinas.

El crecimiento de la economía en el Perú iba a ser como una locomotora: la pujante clase empresarial nacional y extranjera que iba a propiciar, de manera natural y espontánea y de pura buena gente, el desarrollo de las clases medias, y sacar a los pobres de su pobreza que, como vagones de un tren se beneficiarían de esa “nueva” organización de la economía.

Durante treinta años lo descrito en el párrafo anterior ha sido, en esencia, el discurso oficial del gobierno y de los elocuentes ministros de Economía de Alberto Fujimori iniciado en 1990 y los sucesivos  gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro P. Kuczynski, hasta hace algunas semanas, en que la gravísima crisis de salud pública puso finalmente en evidencia inocultable la dramática realidad de precariedad y pobreza que viven muchos millones de peruanos, agravada por el temor creciente con la amenaza de un virus mortal.

Es evidente, ahora, que la precariedad y pobreza ominosas son el factor principal estructural resultado del modelo económico aplicado por los gobiernos mencionados, aparte, en menor medida,  de los errores del  actual gobierno como factor coyuntural y las deficiencias de gestión de gobiernos regionales y de cierto número de municipalidades, por los que no se ha logrado frenar el contagio en la población, como se esperaba. No obstante las drásticas medidas tomadas tempranamente, aún antes que muchos países latinoamericanos, por el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Esta situación, que impacta en millones de ciudadanos y que es una amenaza mayor y más letal para el país en su salud pública e incide fuertemente en la actividad económica, ha obligado a formular serios y necesarios cuestionamientos sobre aspectos centrales, presuntamente inconmovibles hasta hace muy poco, sobre el manejo económico y financiero del Perú, así como sobre las decisiones de políticas públicas tomadas durante los últimos veintinueve (29) años en relación a la salud, la educación, las relaciones laborales con sueldos y salarios siempre deprimidos, la vivienda, el sistema tributario e, inclusive, hasta el tratamiento del ambiente (relajando y en no pocos casos, abandonando la defensa del ambiente por la actividad minera y forestal).

En general, el cuestionamiento es sobre las condiciones de vida de millones de peruanos que, en importante medida, explican las serias dificultades para reducir el contagio por coronavirus, tal como con hidalguía ha reconocido la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva (Notas, 4).  

Como factor coadyuvante de lo anterior, en el Perú, objetivamente y durante tres décadas, los derechos humanos de todos los peruanos y la defensa de los ecosistemas pasaron a ocupar lugares secundarios o terciarios. Pues había que insertar al Perú de esa forma - y no de otra forma -, en el mercado internacional y en la economía global. Achicar al máximo el Estado, que debía limitarse a la seguridad pública y ciudadana con nuestra Policía Nacional, a resguardar nuestras fronteras y a cuidar la “soberanía nacional” con nuestras Fuerzas Armadas; disminuir drásticamente las regulaciones que supuestamente entrampaban la actividad empresarial; privatizar extensamente gran parte de las empresas públicas (estatales o mixtas, produjeran o no utilidades, inclusive las estratégicas como la Corporación Peruana de Vapores, CPV) poniéndolas indistintamente en manos de nacionales del Perú o de extranjeros (generalmente de estos últimos) siendo propietarios o accionistas principales de corporaciones extranjeras, multinacionales o transnacionales, que deberían tener trato similar a los nacionales. Y se aseguraron de ello plasmándolo como mandato de rango constitucional: “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, según artículo 60 del documento denominado Constitución del Perú de 1,993. (Notas, 5)

Es decir, en esa década de los años 90 que se iniciaba, el gobierno del Perú, luego de un golpe de Estado, inició desembozadamente la aplicación, llevada al extremo, en comparación con otros países latinoamericanos, de las propuestas neo-liberales de la llamada Escuela de Chicago, uno de cuyos exponentes mayores era el economista Milton Friedman. (Notas, 6)

En relación con la Escuela de Chicago y con Friedman, que fueron el instrumento y arma teórica utilizada por los regímenes económicos y gobiernos de los últimos treinta años, Robert Skidelsky, historiador económico británico escribió lo siguiente, como fuerte réplica a los programas de ajuste estructural y al dogma neoliberal prevaleciente todavía, para el Foro Económico Mundial en artículo escrito en el año 2016: “¿Se Sostiene aún la Teoría de Keynes?”: “Al demostrar cómo la economía podía permanecer estancada en un equilibrio de “subempleo”, Keynes desafió la idea central de la economía ortodoxa de su tiempo: que los mercados para todos los productos, incluyendo el trabajo, son simultáneamente saneados por los precios. Y su desafío implicó una nueva dimensión en la formulación de políticas: los Gobiernos tal vez necesiten déficits para mantener el pleno empleo”…”El segundo mayor legado de Keynes es la noción que los gobiernos pueden y deberían prevenir depresiones económicas. La amplia aceptación de este punto de vista puede verse en la diferencia entre la fuerte respuesta de política al colapso del 2008-2009 y la pasiva reacción a la Gran Depresión de 1929 a 1932. Como el laureado Premio Nobel Robert Lucas, un oponente de Keynes, admitió en el 2008: “Supongo que todos son keynesianos en una trinchera”. (Bib., 4)    

John Maynard Keynes, economista británico, había escrito en su obra principal La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (Bib., 5) durante la década del treinta en un intento de entender las causas de la Gran Depresión de 1929-1932, que había que aumentar el gasto público, vale decir, incrementar la inversión estatal en salud, educación, alimentación, infraestructura vial y transportes, así como bajar los impuestos a los sectores de medios y bajos ingresos, para aumentar el poder de compra y la capacidad adquisitiva de la población. Esto estimularía la demanda para impulsar la oferta, impulsando con ello la economía global para salir de la depresión mundial. Lo que así ocurrió.

Las anteriores propuestas keynesianas fueron las ideas fuerza del programa masivo de recuperación económica denominado el “New Deal” del presidente demócrata estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, sobre todo a partir del año 1938 y luego de cinco años de practicar políticas restrictivas del gasto social en búsqueda permanente del equilibrio fiscal recomendado por la ortodoxia económica (Bib., 6). Años perdidos de 1932 a 1937 de presunta saludable “austeridad fiscal” y de innecesario padecimiento para millones de seres humanos.  

Ni Planificación Estratégica, ni Programa, ni Proyecto Nacional de Desarrollo

Pero el documento de 1993 del Perú también señala en su artículo 63 que: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Es decir, este precepto que expresa una ideología liberal extrema y que no existe en un número importante de otros países latinoamericanos, rige en el Perú desde hace 27 años. En otras palabras, durante todo este tiempo transcurrido y hasta la fecha, en consecuencia, no existe ni ha existido, porque así lo estipuló el referido documento - y así lo decidieron los sucesivos gobiernos -, un plan ni planeamiento estratégico con visión de país que por lo menos se proyectara sentando las bases de un sector nacional clave de nuestra economía y de nuestra actividad económica, destinado a vincularse con el concepto fundamental de seguridad nacional y de desarrollo hacia adentro.

El dogma neoliberal durante tres décadas ha excluido de plano considerar el aumento del poder adquisitivo de la población y de un entendimiento con peruanos involucrados en la actividad de micro, pequeñas, o medianas empresas nacionales, para impulsar seriamente un sector nacional de la economía. Nada de eso. Mucho menos la decisión de sentarse a dialogar y llegar a acuerdos con los representantes del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, los cuales, como hemos visto, también fueron sistemáticamente mantenidos con sueldos y salarios precarios, porque así lo establecía el programa de ajuste estructural, aplicado sin mayor cuestionamiento ni reparo por los sucesivos gobernantes.        

La situación lamentable descrita en párrafos anteriores comenzó a incubar condiciones de crisis grave como la que vivimos y fue una manera de que comenzara a frivolizarse y a perder rumbo la agenda del Perú en busca de consolidarse como nación, como Estado nacional y como una manera de fortalecer nuestra incipiente democracia. La agenda está pendiente hasta hoy.

Refiriéndose a este fenómeno mundial de poderosa y sostenida expansión de multinacionales y transnacionales y a la mínima o nula resistencia de los Estados para gravitar en los destinos de sus pueblos, que en el Perú ha llegado a niveles de patetismo, la escritora francesa, Viviane Forrester, en 1997 advertía en su libro “El Horror Económico”: “Sin preocuparse demasiado por los Estados, frecuentemente más pobres que ellas, empantanados, puestos en tela de juicio, acusados, las potencias económicas pueden lanzarse a la acción, más libres, más motivadas, más ágiles, infinitamente más influyentes que aquéllos, sin preocupaciones electorales, responsabilidades políticas, controles ni, desde luego, la menor solidaridad con aquellos a quienes aplastan, dejando a otros la tarea de demostrar que todo se hace por su bien...y por el bien de todos, porque éste pasa, de más está decirlo, por sus propios ‘bienes’…Se colocan por encima de todas las instancias políticas sin necesidad de tener en cuenta ninguna ética asfixiante, ningún sentimiento. En el límite, en la más alta de sus esferas, donde el juego se vuelve imponderable, no tienen que responder por éxitos o fracasos ni jugarse por otra cosa que ellas mismas y sus transacciones, esas especulaciones sin término, ni otro fin que su propio movimiento…los únicos obstáculos que conocen son aquellos que les oponen sus propios pares. Pero éstos siguen el mismo camino que ellas, van hacia los mismos objetivos…pero eso no altera en absoluto el sistema general…la competencia desenfrenada los une” (Bib., 7).

En el caso del Perú, bueno es recordarlo hoy, los mismos funcionarios de gobierno colaboraron y se plegaron, con extraño entusiasmo y muy poca reflexión, con esas potencias económicas cuyo fin era obtener la máxima ganancia posible con el menor costo para ellas. El cierre dogmático, no exento de segundas intenciones escondidas como comprueban los peruanos hoy, junto con la Fiscalía y el Poder Judicial, fue con Milton Friedman y la Escuela de Chicago o también conocida como “los Chicago Boys”. Hoy vemos las consecuencias al desnudo.     

La Pandemia en el Perú y la Radiografía de la BBC de Londres

Un muy reciente informe de investigación (1ro. de junio, 2020) de un ente público internacional imparcial de radio, televisión e Internet como la BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres, Reino Unido, se titula: “Coronavirus en Perú: por qué un país que tuvo un gran crecimiento económico no invirtió más en su sistema sanitario” (Notas, 7). Este puntual informe periodístico, aunque, creemos, sin tener muchas respuestas ni ser preciso en algunos diagnósticos, descubre y revela ante el Perú y el mundo, para vergüenza nacional, precisamente las razones confirmatorias de lo que venimos sosteniendo en estos apuntes: que ha tenido que ocurrir esta pandemia originada por un virus desconocido y potencialmente muy letal para que estemos al borde de una cuasi-catástrofe nacional, sin exageración ni hipérbole alguna, para que el Perú oficial y el Perú profundo constaten y se convenzan de qué es lo que ha venido haciéndose muy mal en nuestro país durante los últimos treinta años. Aunque el Perú profundo ya es consciente de ello desde hace mucho tiempo, porque lo padece.

Un poderoso primer indicio de cómo se estaba destruyendo por dentro la nación peruana, fue el descubrimiento, denuncia, procesamiento y eventuales sentencias condenatorias, sobre inauditas redes de corrupción y mega-corrupción al más alto nivel del Estado con todos los ex-presidentes del Perú desde 1990 hasta el 2018 involucrados directamente en dichas graves denuncias. Agregándose a esa lista a algunos miembros del Poder Legislativo, altos magistrados del Poder Judicial, fiscales supremos del Ministerio Público, y altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Esta pandemia es el segundo poderoso indicio pues está exhibiendo, en toda su crudeza, las consecuencias del dogmatismo ideológico, de la insensibilidad oficial sistemática, y la prevalencia de oscuros intereses subalternos de personas y de grupos utilizando el poder político temporal que se les entregó. Esos altos funcionarios jamás anunciaron haber planteado alguna medida o cuestionamiento en favor de la economía de los millones de peruanos que se deslizaban a la pobreza o a la miseria. Las imposiciones de los organismos internacionales - que no reparaban en problemas nacionales internos agravados -, fueron aceptadas con rara resignación.

Por otro lado: ¿es mera coincidencia que todos los ex presidentes que ejecutaron las mismas políticas económicas hayan sido denunciados precisamente por graves actos de corrupción?.  

Gestión económica, Pandemia, Pobreza y Corrupción: la conexión necesaria

Y hoy, junio de 2020, ¿habrá inteligencia para detectar alguna relación entre la gestión de esos gobernantes y sus colaboradores con lo descrito fielmente por la BBC?:

“Hacen largas filas. Algunas son para conseguir oxígeno o para una cama de hospital. Otras son para recibir un plato de comida. Y también está la de los que esperan afuera de la morgue para recibir el cadáver de un familiar.”

“Son las colas de la desesperación de los habitantes de Perú, el segundo país latinoamericano con más personas contagiadas después de Brasil, a pesar de que fue el primero en declarar la emergencia sanitaria. Lo hizo el 16 de marzo”. “Se van a morir a sus casas porque no tenemos camas”, decía Luis Runciman, médico de Iquitos, en el norte del Perú, en diálogo con BBC Mundo.”

“Se olvidaron de la salud y ahora pagamos las consecuencias”, dice Ernesto Gozzer, médico experto en seguridad sanitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia”.

Recordemos la reflexión de la ministra de Economía, María Alva, expresando su preocupación sobre lo que la “estrella emergente” peruana ha significado durante muchos años para millones de peruanos debido a la fragilidad social de ese crecimiento económico con el cual un número de gente expresó su contento durante años; y a consecuencia de no haber neutralizado a tiempo el efecto contagioso expansivo de esta pandemia, debido precisamente a las consecuencias sociales de ese crecimiento económico peruano tan elogiado con sus cifras macroeconómicas en azul.  

Y entonces caben las preguntas legítimas para descubrir la gran contradicción e incoherencia al decir que “hicimos las cosas muy bien pero fallamos en lo social”: ¿A costa de qué se ha ido produciendo ese crecimiento económico peruano año tras año y sostenidamente desde la década de los 90 (con altísima corrupción comprobada durante los diez años del régimen fujimorista) y continuado por los ulteriores gobiernos?.

La ministra Alva expresa su pesar por las enormes dificultades derivadas de una gran desigualdad en el Perú y de la informalidad en que vive más del 75 % de peruanos que se ven obligados a salir diariamente para ganar el sustento. ¿Es que la desigualdad y la informalidad surgieron en semanas en el Perú?; ¿no se daban cuenta los ministros de Economía y los gobernantes y gobiernos de 1990 a la fecha de lo irregular, defectuoso y crecientemente negativo que significaba el no corregir las serias deficiencias de sus políticas económicas y sociales?; ¿no era posible ver que un país tan desigual como el nuestro, debía tener como prioridad reducir sistemáticamente esa desigualdad que minaba nuestras bases como nación?. ¿Desigualdad aberrante que hoy se expresa en la altísima informalidad con una economía que margina, excluye y expulsa de su seno a millones de peruanos?. ¿El error grave está en los millones de expulsados de esa economía o en la economía misma?.

Paul Krugman, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2008 (Bib., 8), escribe sobre la guerra ideológica política en torno a la pobreza en los Estados Unidos que en términos similares se reproduce en otros países: “Y si el progreso contra la pobreza ha sido sin embargo decepcionantemente lento - que lo ha sido - la culpa no está en los pobres sino en el cambiante mercado de trabajo, uno que ya no ofrece buenos salarios a trabajadores ordinarios. Los salarios solían incrementarse con la productividad del trabajador, pero esa relación se acabó alrededor de 1980. El tercio más bajo de la fuerza de trabajo estadounidense ha visto muy poco o nada de aumento en los salarios ajustados a la inflación desde los primeros años de la década del setenta; el tercio más bajo de trabajadores hombres ha experimentado una aguda disminución de salarios. Este estancamiento de salarios, no la decadencia social, es la razón por la cual la pobreza ha demostrado ser tan difícil de erradicar…O para ponerlo de manera diferente, el problema de la pobreza ya forma parte del problema más amplio de la creciente desigualdad de ingresos, de una economía en la cual todos los frutos del crecimiento parecen ir a una pequeña élite, dejando atrás a todos los demás”. 

La lógica y la inercia dañina de un modelo de acumulación y crecimiento, a expensas de un muy alto costo social, fueron el marco “técnico” en lo nacional e internacional con el llamado Consenso de Washington (Notas, 8). Fue el fundamentalismo de mercado o neoliberalismo, en el cual se desenvolvieron cómodamente esos gobiernos y tomaron sus decisiones claves en cuestión de políticas sociales y económicas, a sabiendas de las consecuencias que en esos años ya eran visibles y que hoy impactan con más fuerza a países como el Perú, en medio de esta muy grave crisis de salud.

La Organización Mundial de la Salud, OMS y la pandemia en el Perú

La Organización Mundial de la Salud, OMS, organismo de las Naciones Unidas, declara: ´el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano…´el “grado máximo de salud que se pueda lograr…exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de los servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación”.  (Notas, 9)

Es ya un consenso mundial lo que la OMS entiende como el grado máximo de salud que se pueda lograr. Es un derecho fundamental del ser humano. Esto obliga a todo Estado nacional, entre ellos el Perú, a establecer como objetivo y fin prioritario del Estado sentar las bases, crear las condiciones y aplicar las políticas públicas orientadas hacia ese fundamental pilar de la democracia. Si no lo hace, su condición de Estado comenzará a ser cuestionada. Es el caso actual del Estado peruano.

Entre los criterios sociales, señalados por la OMS, perfectamente conocidos por los gobernantes y gobiernos pasados, que propician la salud de todas las personas, están “la disponibilidad de los servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos…relacionados con otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no-discriminación, el acceso a la información y la participación”. No era difícil de entender. Ese debió ser el norte de los gobiernos pasados. No lo fue. Debe ser del actual.

Es obvio que la eficiencia y eficacia exigibles, en situaciones de emergencia, como la pandemia que padece el Perú, dependen del suficiente personal calificado, adecuadamente remunerado, laborando con la protección adecuada; así como de instalaciones e infraestructura hospitalaria, máquinas y equipos médicos idóneos, y el aprovisionamiento suficiente de medicinas. El mercado resolvería eso, decían. Debían haber niveles adecuados de organización, planificación a corto, mediano y largo plazo y, por supuesto, de gestión. El mercado también resolvería eso, reiteraban. El Estado no debía intervenir. Pues que el Estado interviniera para ir subsanando esos vacíos y deficiencias, aunque ello fuera cada vez más evidente, contradecía el dogma ideológico y el fundamentalismo extremista de los noventa y décadas ulteriores del “laissez faire, laissez passer”. Convenientemente, para los intereses de grupos económicos, vivían tratando de normalizar la incoherencia entre el dogma y la teoría confrontados con la realidad que enfrenta el país…y sigue enfrentando. Esta pandemia ha desmentido toda esa construcción entre realidad y ficción, y ahí están los resultados.

Obviamente, otro factor determinante son las condiciones de vida de la población, que sólo es otra secuela del sistema cuestionado y de decisiones políticas erráticas y reiteradas. Ello determina cuán saludable es el ciudadano promedio en las ciudades, en el campo y en las minas. Esto es una resultante histórica y determina la intensidad y naturaleza de la demanda de los servicios médicos y hospitalarios en condiciones normales, y se harán más agudas en una emergencia nacional.

Los niveles nutricionales, de instrucción y de educación de la población, así como las condiciones y situación laboral de los millones de seres humanos, íntimamente conectados entre sí como señala Krugman, determinará el número de infectados y fallecidos. El Perú está en segundo lugar en AL, luego de Brasil. El dato es contundente. Las profundas desigualdades socio-económicas están exhibiendo la fortaleza o debilidad del sistema inmunitario de los peruanos y presionarán la demanda que ejercerán sobre el sistema de salud pública.

Por ello, no resulta aventurado, ni arbitrario concluir que durante estos veintinueve años no ha habido en el país, pragmatismo, ni sensatez, ni flexibilidad, ni inteligencia social para, elementalmente, adaptar un modelo que aún desde esos años de las décadas del 80 ya suscitaba escepticismo y dudas, y que hubieran merecido una actitud más prudente y responsable en quienes tenían el poder para tomar decisiones que afectarían a millones de seres humanos por mucho tiempo. Pero, aparte de lo anterior, ha habido un común denominador en todos esos gobiernos: la corrupción intensa y extensa.   

Debemos ser claros y directos en esta evaluación, con la autoridad que da el que en su debido momento muchos cumplimos con llamar la atención sobre la violación de normas de convivencia humana que estaban concretando esos gobiernos y gobernantes mencionados, y sobre los riesgos mayores que ello significaba. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo y gran parte del pueblo del Perú detectó la incongruencia, la demagogia y la falta de integridad. Esos gobernantes fueron perdiendo, drásticamente, credibilidad. Poco les importó en ese momento.

Las Políticas Públicas, los Gobernantes y los Derechos Humanos

Lo anterior nos lleva a abordar, aunque no con la extensión que sería en otro contexto, un aspecto central subyacente y transversal a los temas tratados: los derechos humanos, que por definición no son una concesión ni gracia de los gobernantes ni del Estado, sino inherentes a la naturaleza y existencia de la persona. Persona que a su vez, como ciudadano/a irá asumiendo, deberá y estará dispuesta a cumplir compromisos y responsabilidades con la sociedad y el Estado, en la medida en que haya una relación y dinámica de reciprocidad, que es así como se construyen y fortalecen las sociedades democráticas. Si esto no lo entienden ni lo internalizan los gobernantes habrá alta, prolongada y permanente conflictividad. Y la persistencia de esta situación - mientras se profundizan los problemas socio-económicos y se agudiza la pobreza -, que los gobernantes históricamente han respondido con represión y, muchas veces, con violencia extrema, generará un círculo perverso de honda inestabilidad, pobreza estructural, protesta y convulsión social, más represión, y atraso generalizado en el país.

Esto es lo que ha ocurrido históricamente en el Perú. Las políticas públicas de los últimos treinta años no cambiaron sustantivamente nada y ya vemos cómo están terminando esos gobernantes.

En el Perú no se ha forjado una cultura de derechos humanos, que es cultura de solución pacífica de conflictos de distinta naturaleza, de diálogo institucionalizado, de tolerancia, respeto y valoración del “otro” frente a la diversidad étnica, y sobre esa base y condiciones edificar el Estado de Derecho con sus pilares de ley y orden, legitimados por el Estado de Derechos Humanos. En el Perú, junto con el racismo, encubierto o no, ha prevalecido una cultura de violencia y represión para seguir avalando e imponer un régimen de privilegios, desigualdades, exclusión e injusticia. En ese camino, los gobernantes, una y otra vez erosionaron fatalmente su propia credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, se destruye la confianza. Y cuando se destruye la confianza ya no se gobierna, sólo se puede mandar u ordenar, imponiendo la fuerza. El contrato social ha sido violentado por quienes detentan la mayor y decisoria parte del poder. Es el comienzo y un paso firme hacia el fracaso.

Como hemos visto, la credibilidad del gobernante, sus convicciones democráticas internalizadas con una cultura integral de derechos humanos son esenciales para cumplir los fines del Estado en una sociedad democrática. Es consustancial para la paz social, que requiere justicia, eficiencia institucional, transparente y equitativa distribución de la riqueza, capacidad y talento para tratar pragmáticamente con los inversionistas, nacionales y extranjeros. Eso no ha habido en el Perú.

La credibilidad se cimenta en la capacidad del gobernante para dar garantías, confianza y estabilidad a los trabajadores manuales e intelectuales, de la ciudad y del campo, quienes no poseen el capital pero que, siendo las mayorías, constituyen la otra parte irremplazable en la producción de bienes y servicios. Pero también se sustenta en la capacidad del gobernante para crear condiciones que protejan la vida, la salud y la dignidad de los desempleados y sus familias, a fin de incluirlos e incorporarlos plenamente en la sociedad y en la economía. Pues todos ellos son los ciudadanos que constituyen la nación. Esta realidad, que debió ser la bitácora y el referente permanente de los gobernantes para, simplemente “hacer las cosas bien”, no fue reconocida ni tomada en cuenta. Y ahí están las consecuencias en nuestro país.    

Esos gobernantes no entendieron que los derechos humanos, como concepción integral, es el gran regulador de los sistemas de gobierno, de los modelos económicos, de los programas nacionales de desarrollo, del realismo de las ideologías y de su asentamiento en la conciencia de los pueblos. Esta es una de las verdades más sólidas que prevalecen como sustento fundamental de las democracias más avanzadas del planeta, y que son avanzadas, precisamente por ello, por tener esta convicción mayormente enraizada en los liderazgos políticos de todas las tendencias, centro, derecha o izquierda.

La falta de comprensión, y la negativa de esos gobernantes, a entender el carácter universal, transversal, indivisible, e interdependiente de los derechos humanos, tal como lo establece la Declaración y Programa de Acción de Viena (Notas, 10), signó a esos gobiernos del pasado, y los llevó al fracaso, al desprecio nacional y a dejar al país inerme y vulnerable ante esta crisis gravísima de salud, con fuertes e inevitables repercusiones en la economía nacional.   

Nunca como ahora, ya entrado el siglo XXI, “gobernar bien” está asociado íntimamente con las políticas de derechos humanos. Los derechos a la vida y a vivir, a la calidad misma de esa vida, es decir, a la libertad civil y a la libertad de la miseria, a la nutrición, al acceso a la salud tanto en la prevención como en la curación. Y también a la educación de calidad en todos los niveles, a un trabajo digno y bien remunerado, a vivienda digna, y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta concepción integral incluye promover las condiciones democráticas para que los ciudadanos y sus comunidades se organicen libremente en función de esos fines con el apoyo del Estado. Eso ocurre ya en las naciones más avanzadas y con mayor desarrollo humano en el planeta como las escandinavas, por ejemplo.

Siendo los derechos humanos el gran regulador de los sistemas políticos y de los modelos económicos, lo es en consecuencia no sólo de la gestión, como factor de medición de la eficiencia del Estado y del gobierno sino también, del capitalismo en todas sus expresiones; lo es de los efectos y naturaleza de los capitales de inversión, de los capitales financieros, y de la capacidad y claridad con que se asuma esta responsabilidad de gobierno. Esa es la transversalidad.

Asumir los derechos humanos como política central es regular la forma en que las sociedades y los Estados coordinan las libertades y armonizan las diferencias, organizan su manera de vivir, de relacionarse entre los ciudadanos, de producir bienes y servicios, de comercializarlos, de cobrar impuestos y de cómo esos ingresos del Estado son utilizados; pero también, de distribuir la riqueza, de relacionarse con los inversionistas nacionales y extranjeros, y con la tecnología que viene de fuera. De ello dependerá la credibilidad y legitimidad para seguir gobernando, o su erosión que derivará en el desorden y la anarquía y, eventualmente, en la caída de gobiernos. Siendo esto así, ¿alguien desea profundizar hoy en las causas que derivaron en la situación jurídico/procesal/penal de los ex-presidentes Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y sobre las circunstancias y antecedentes que llevaron a la auto-eliminación física del ex-presidente Alan García?. Pero, además de ello, ¿indagar sobre cómo están considerados esos ex-presidentes por la mayoría de los pueblos del Perú y por el ciudadano promedio?. 

Viabilidad de un país. Viabilidad de un Estado

Secuela lógica de lo anterior es que esa credibilidad y sostenibilidad ética y política de un gobierno resulta, a la larga, fundamental para la viabilidad de un país. Pues los enunciados de políticos y gobernantes sobre la presunta defensa de lo nacional en la búsqueda de la justicia social o de la presunta eficiencia de modelos liberales o neoliberales, moderados o extremistas, deberán tener un correlato visible, evidente, en la vida de los pueblos. De la misma manera, los anuncios y/o promesas de los modelos que se reclaman (o reclamaban) “socialistas”, del siglo pasado o del actual, para reducir realmente la pobreza sin menoscabo de la libertad deberán tener un correlato en la realidad concreta de la vida de las personas. Y si ello no ocurre así pues las bases del “contrato social” de Juan Jacobo Rousseau comienzan indefectiblemente a resquebrajarse y finalmente sucumben. El caos social y la anarquía seguirán a ello.

De allí la importancia de aplicar las políticas de derechos humanos al manejo eficiente del Estado, que cumpla sus objetivos con las regulaciones necesarias y razonables a la libertad de empresa a fin que esa libertad no sea utilizada contra ótros para eliminar la competencia leal que es el sustento de la economía social de mercado y del sistema democrático.

Es preciso que los agentes económicos en su relación con los derechos económicos, sociales y culturales, cumplan sus programas y planes de inversión sin erosionar las bases de la convivencia social, como ha ocurrido en el pasado, pues esa erosión generará inestabilidad y rechazo, y al fomentar desconfianza se bloquearán las posibilidades de diálogo y entendimiento.  Esto es lo que viene ocurriendo entre un número de comunidades con varios proyectos de inversión. Al atentar contra los derechos mencionados que son fundamentales para la convivencia en democracia no sólo habrá fracasado el diálogo necesario, habrán cometido también una torpeza fruto de la arrogancia que caracterizó a un número de inversionistas en los últimos treinta años.

Por otro lado, el talento y el desafío para los gobernantes, estará en explicar y compartir con los gobernados los criterios para conducir el Estado, gobernar la nación y, a la vez, fortalecer un régimen de efectivas libertades civiles y políticas, así como los mecanismos, instituciones y procedimientos para garantizarlas, que son consustanciales para la gobernabilidad.

La incapacidad de los gobernantes para avanzar en estas políticas y en aplicar una sana regulación estatal, sin corrupción, perjudicará no sólo a los ciudadanos, cuya organización democrática es fundamental para su propia defensa, sino también a los inversionistas mismos, potenciales o actuales.

La Corrupción en el Perú y la Grave Crisis de Salud Pública. La Corrupción Viola los Derechos Humanos y destruye la Democracia

Una nación se construye sobre principios y valores aplicados cotidianamente a la labor de gobierno, más allá de discursos elocuentes preparados para alguna ocasión. La honradez en el manejo de los recursos, riquezas y erario del Estado; la eficiencia y eficacia de la aplicación de las políticas públicas en la administración del Estado en sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con justicia y equidad, así como en la conducción de los gobiernos regionales y las municipalidades son absolutamente fundamentales para que una nación se vaya cohesionando y alcance lo que se conoce como conciencia nacional. Es lo que da consistencia al funcionamiento del Estado nacional. Y si la corrupción avanza, y, peor, si se instala en las altas instancias del gobierno, entonces comenzará a corroer esos cimientos y llegará un momento crítico culminante que terminará con la existencia de la nación y del Estado. Se convertirá entonces en un Estado fallido que es la antesala de su disolución. En ese camino estaba el Perú.

La corrupción y la mega-corrupción tienen muchas caras, facetas y patrones de comportamiento. No hay respuesta simple. Puede llegar a ser sofisticada y hasta hacerse irreconocible. Por esa razón, la sociedad debe constituirse organizadamente en un agente más – podría ser el agente más poderoso  –  en la lucha anticorrupción. Para ello se necesitan ciudadanos cultos, informados, con integridad y sólidos cimientos éticos, y con el coraje para enfrentar hasta las últimas consecuencias a los grupos corruptos ya constituidos y hábiles en su práctica, muchos de ellos con años de antigüedad. Esta condición es el fundamento irremplazable en una democracia. Cabe entonces, preguntarse: ¿cuál es el nivel y calidad del compromiso ciudadano para emprender una tarea de esta magnitud?. ¿Es preciso un cambio cultural?. Y si la respuesta es positiva: ¿por dónde y cómo empezar?.

La Megacorrupción

La mega-corrupción, intensa y extensa, instalada con insultante arrogancia e impunidad en los más altos niveles de gobierno en nuestro país durante varios regímenes seguidos, ha sido duramente golpeada, y el país ha visto eso, a pesar de subsistir aún focos infecciosos de corrupción tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, y en instituciones claves del Poder Ejecutivo como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Todos los exjefes de Estado de los últimos 30 años están condenados, con justicia, a prisión, o procesados penalmente con alta posibilidad de ser condenados, o en proceso de extradición para ser procesados, o han desparecido del mapa político. Y el 30 de setiembre del año pasado fue cerrado, constitucionalmente, por el actual presidente de la República, ese Congreso impresentable, vergonzoso y putrefacto que era la expresión más cabal de cómo estaban hundiendo a nuestra patria. El país fue testigo de eso. Y comenzó a respirar mejor. Ello está asociado naturalmente con la gestión del actual jefe de Estado, por ello, al momento de culminar esta nota (junio 2020), y aún en medio de esta gravísima crisis de salud pública, el primer mandatario, ha alcanzado cierta credibilidad y respeto, que es el bien más preciado, valioso e irremplazable al cual puede aspirar un gobernante. Y el actual gobernante debe tener entre su prioridad A1 de gobierno, más allá de los posibles errores que pudieran cometerse en su gestión, detectar, combatir y erradicar expeditivamente y con transparencia, cualquier brote de corrupción, en cualquier instancia del Estado y, por ende, resguardar que lo mismo ocurra en los gobiernos regionales y municipalidades. Por supuesto, esta lógica y principios axiológicos de gobierno deberán ser entendidos claramente y asumidos plenamente también por la ciudadanía y por los actores empresariales del sector privado en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales e internacionales o transnacionales.  

La mega-corrupción no ha sido una casualidad en el Perú, esa lacra ha sido la concreción perversa y estructurada de fuerzas y actores siniestros que, como los cómplices que eran, se apoyaban mutuamente. Es fundamental e indispensable revertir y desmantelar definitivamente esa villanía. Y al país debe explicársele claramente este proceso y necesidad, y el país debe entenderlo bien, y asignarle la importancia que ello tiene en una nación civilizada y en un Estado para que funcione como tal.

 Los millones de pobres y la precariedad en que viven amplios sectores de las llamadas “clases medias” tampoco son casualidad, pues esos regímenes corruptos del pasado reciente necesitaban el abandono deliberado por los sucesivos gobiernos, de toda forma de planificación estratégica y de control efectivo y a tiempo de los brotes pútridos y de las ineficacias de gestión para seguir en lo mismo con impunidad. Este modus operandi se fue agravando, mes tras mes, año tras año. La planificación estratégica y tecnológica, y la transparencia en el uso de nuestros recursos, riquezas y erario nacional, pudieron y debieron haber preparado al Perú para enfrentar las ominosas circunstancias actuales. No fue así, prevaleció el “piloto automático” y el fundamentalismo dogmático del mercado, sin regulación efectiva, muy útil para esos fines, y ello es parte importante ahora de nuestro drama y angustia nacional.

Algo que se deberá tener presente es que esta gravísima situación que confronta el Perú, y que en muy importante medida es consecuencia de esa corrupción estructural instalada durante muchos años, no golpea por igual a todos. Seis o más millones de peruanos no tienen agua ni desagüe en sus viviendas, y para varios millones de peruanos más, no salir a intentar ganarse el pan para la familia por tres o más días significa la diferencia entre subsistir y pasar hambre, o empezar a morir, literalmente. Y si el Estado, en estas circunstancias dramáticas - pues ya está visto que por ahora no puede contarse con la voluntad de los más ricos de este país nuestro - no llega a tiempo con la ayuda y los recursos necesarios para la subsistencia de esos millones, entonces nuestra Nación y el concepto fundamental de solidaridad entre connacionales y de gobierno para todos, está quedando en serio y justificado entredicho. 

Así de urgentes y delicadas son las responsabilidades que tenemos como Estado, como ciudadanos y como país, que toca enfrentar en la hora presente.

Conclusión

La gravedad y el impacto de la pandemia en el Perú han revelado cruda y dramáticamente las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven millones de peruanos, así como las falencias, injusticias e ineficiencias de un modelo económico que desde 1990 y durante treinta años se presentó como infalible e incuestionable en el Perú y en el mundo. La vulneración sistemática, durante décadas, de los derechos económicos y sociales de millones de ciudadanos ha sido el principal factor estructural que ha frenado drásticamente el avance en la reversión y superación de la crisis pandémica en el Perú.

La corrupción instalada en los más altos niveles del Estado empeoró considerablemente la situación. El mercado, por sí solo, es incapaz de regular la perniciosa y creciente desigualdad en ingresos y calidad de vida entre peruanos. El Estado democrático - que debe combatir permanentemente los brotes de corrupción -, y con respeto y garantías a las libertades ciudadanas, debe asumir un rol más gravitante en la regulación del comportamiento de los actores económicos como ocurre en las naciones y Estados democráticos más avanzados del planeta. Las políticas públicas permanentes de derechos humanos que son universales, transversales, interdependientes e indivisibles, son el principal regulador de la convivencia y el Estado democrático. Hacia ello debe dirigirse el Perú.

Lima, junio 2020

Bibliografía

Basadre, Jorge, 1961, Historia de la República del Perú, Quinta Edición, Aumentada y Corregida, Tomo X,  Ediciones Historia, Lima, Perú, págs. 4752 y 4753. Agrega Basadre en este párrafo: “Una parte de quienes a sí mismos se llamaban la aristocracia adoptó una actitud negativa o despectiva ante su propio país, continuó acariciando, como algunos de sus antecesores, la idea de que lo mejor era emigrar y ocultar capitales en el extranjero; y una parte formada por intelectuales de los que plantearon la crítica social, acentuó su odio a los ‘oligarcas’ y a veces también a Lima, la costa y los blancos”.

Arriola Palomares, Joaquín, 1992, “El Fracaso de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en América Latina”: “Hace diez años se produjo una inflexión histórica en América Latina, cuando la suspensión de pagos del gobierno de México desencadenó la crisis de la deuda. Diez años es un período de tiempo suficiente para determinar si la medicina aplicada ha sido suficientemente efectiva en resolver la crisis. Bajo la égida del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo la mayoría de los países se vieron obligados a adoptar políticas de estabilización y Programas de Ajuste Estructural (PAE) , y aquellos que se negaron a hacerlo fueron suficientemente presionados para caer en el caos y en definitiva en programas de ajuste más severos como testimonian Perú y Nicaragua”. Dialnetunirioja.es, Digitalizado por Biblioteca “P. Florentino Idoate S.J.”, Publicado por los Departamentos de Economía, Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas. Pág 627, pág. 1 en la versión digital. UCA El Salvador.

Arriola Palomares Joaquín: “Objetivo de la Privatización.- Durante la década de los ´80, América Latina sufrió por partida triple la dependencia respecto al capital transnacional: el servicio de la deuda se convirtió en una pesada losa que, cuanto más se pagaba, más pesaba: en 1983 la deuda totalera de $ 344,500 millones de dólares, y en 1992 de $ 398,400 millones de dólares; en estos mismos años América Latina pagó $ 531,500 millones de dólares en concepto de servicio de la deuda externa, cuatro quintas partes en concepto de intereses”. Dialnetunirioja.es, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pág, 633, pág. 17 en la versión digital. UCA El Salvador.

Skidelsky, Robert, “¿Se Sostiene aún la Teoría de Keynes?”, artículo en página web del Foro Económico Mundial (World Economic Forum), weforum.org, 24 de febrero, 2016. Skidelsky culmina su artículo señalando: “Dos reflexiones finales sugieren un renovado, aunque más modesto rol para la economía keynesiana. Un shock aún mayor para la ortodoxia pre-2008 que el colapso mismo fue la revelación del poder corrupto del sistema financiero y la extensión hasta la cual gobiernos post-crisis han permitido que sus políticas sean guionizadas (dirigidas) por los banqueros. Controlar los mercados financieros en interés del pleno empleo y de la justicia social se vincula directamente con la tradición keynesiana. En segundo lugar, para las nuevas generaciones de estudiantes, la importancia de Keynes reside menos en sus remedios específicos para el desempleo que en su crítica a su profesión que pretende modelar sobre la base de supuestos irreales. Los estudiantes de economía ansiosos de escapar del mundo esquelético de agentes óptimos a uno de completos seres humanos, ubicados en sus historias, culturas, e instituciones encontrarán la economía de Keynnes intrínsecamente simpática. Esa es la razón por la cual espero que Keynes sea una presencia viva en los próximos 20 años, en el centenario de la Teoría General y mucho más allá.    

Keynes, John Maynard, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, (versión inglesa The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936) Palgrave MacMillan.

Roosevelt Institute, Reimagine the Rules, artículo de Tim Price, página web,   rooseveltinstitute.org, How FDR Learned to Stop Worrying and Loved Keynesian Economics (version inglesa), Cómo FDR Dejó de Preocuparse y Amó las Economía Keynesiana, 26 de abril del 2012.

Forrester, Viviane: El Horror Económico, Fondo de Cultura Económica, EFE, (Suipacha, Buenos Aires) México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América, Perú, Venezuela. 1997. Pág. 34. Agrega Forrester: “Estas redes económicas privadas transnacionales dominan cada vez más los poderes estatales; lejos de ser controladas por ellos, los controlan y, en suma, conforman una suerte de nación sin territorio ni instituciones de gobierno que rige las instituciones y las políticas de diversos países, con frecuencia por intermedio de importantes organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico”. (Ob. Cit., Pág. 35)

Krugman, Paul, Premio Nobel, en Ciencias Económicas, 2008, profesor distinguido en Economía en el Centro de Graduados de la City University of New York, artículo escrito para The New York Times, enero 9, 2014, La Guerra Sobre la Pobreza:

Notas

Página web, Naciones Unidas, https//un.org. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas  Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas”.

Programas de Ajuste Estructural, PAE.- Privatización masiva de empresas y de la actividad económica, comercial y financiera, gran parte de lo cual derivó en el control extranjero. Incluían la reducción drástica de lo que denominaban “gasto social”, es decir, de los presupuestos para salud y educación públicos así como de programas sociales de ayuda, incluida la alimentación popular. Todo ello acompañado del mantenimiento severo sistemático de bajos sueldos y salarios)

Efecto invernadero en el calentamiento de la Tierra.- “Es un fenómeno natural que ha dado a la Tierra una temperatura templada que hizo posible el desarrollo de la vida. En este delicado equilibrio intervienen los gases de efecto invernadero (GEIs). Pequeñas variaciones en la concentración de estos gases repercuten en cambios en la temperatura de la atmósfera. Ese efecto natural no está en el debate actual. Lo que preocupa a los expertos en ciencias climáticas es que un incremento desproporcionado de estos gases produce un aumento de la temperatura debido al calor que queda atrapado en la baja atmósfera, fenómeno que se conoce como calentamiento global.” (Secretaría de Ambiente, Ciudad de Buenos Aires). Definición de consenso mundial.

Declaración de ministra de Economía del Perú, María A. Alva, de mayo 2020, durante semanas muy críticas de la pandemia del coronavirus.- “Querer hacer reformas en nuestro país, con tanta desigualdad y debilidad institucional no ha sido fácil…el Perú es una de las estrellas en manejo macroeconómico de la región pero esta crisis ha demostrado que el crecimiento económico de los últimos años no ha sido suficiente, que hay enormes problemas estructurales como la desigualdad, como la informalidad que nos han hecho muy vulnerables y acá es donde entendemos mejor que el desarrollo de los países tiene que ser integral”.

Constitución de 1993.- Documento aprobado finalmente mediante referéndum en anómalas circunstancias luego que el gobierno de Alberto Fujimori paralizó durante un número de horas el escrutinio de los resultados de dicho referéndum que hasta el momento de esa suspensión de escrutinio los votos del NO a dicho proyecto de constitución derrotaba al SÍ. El año anterior, el 5 de abril de 1,992, Fujimori había dado un golpe de Estado al régimen  por el econcontrapeso, ni fiscalización, ni control alguno, el poder sobre todas las instituciones públicas del Estado peruano, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Así “vio la luz” y entró en vigencia el documento de 1,993 que rige hasta hoy, junio del 2020.

Escuela de Economía de Chicago.- Corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado, con el mínimo de regulación posible, que se originó en los departamentos de Economía y en la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue liderada históricamente por George Stigler y Milton Friedman.

“Coronavirus en Perú: por qué un país que tuvo un gran crecimiento económico no invirtió más en su sistema sanitario”, BBC News Mundo, Cecilia Barria, 1 de junio, 2020, bbc.com

Consenso de Washington.- Se conoce como Consenso de Washington a un conjunto de diez recomendaciones de política económica formuladas en  1989 por el economista inglés John Williamson, que tenían como objetivo orientar a países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma.

Los 10 puntos de acuerdo del Consenso de Washington:

1. Disciplina presupuestaria de los gobiernos.

2. Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud.

3. Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados.

4. Desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado.

5. Tipo de cambio competitivo de acuerdo al mercado.

6. Comercio libre entre naciones.

7. Apertura a inversiones extranjeras directas.

8. Privatización de empresas públicas.

9. Desregulación de los mercados.

10. Seguridad de los derechos de propiedad.

Contrapeso.info.

Página Web de la OMS, 29 de diciembre del 2017.

Declaración y Programa de Acción de Viena, OHCHR, 1993, https.//www.onchr.org, página web: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Artículo 5, Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.

LAS

Breve reseña del autor:

Luis Alberto Salgado Tantte

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Consultor internacional y conferenciante, ex profesor universitario.

Máster en Ciencias Políticas por Montclair State University, Montclair, Estado de Nueva Jersey, EE.UU.

Estudios sobre el Estado de Bienestar Social en Suecia, Universidad de Lund, Suecia.

Estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico, Pontifica Universidad Católica del Perú.

Ex-funcionario de las Naciones Unidos en Misiones de Paz y Derechos Humanos en Camboya, Mozambique y Guatemala.

Ex-representante del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  en Ginebra.

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