Detalle noticias

Desde los años 70 del siglo pasado, el Estado social de derecho, consagrado en la Constitución de 1917, ha sido sometido a críticas de teóricos conservadores, seguidos por políticos que ven en el individualismo y la acumulación de riqueza inmoderada, pero no en su justa distribución fundada en capacidades y esfuerzos de todos quienes contribuyen a crearla, la panacea para el desarrollo humano, económico y cultural.

Resaltan en estas críticas la tesis de la “ingobernabilidad” y la de la “pérdida de libertades” en el Estado social de derecho. La primera sostiene que llegará un momento en que, como consecuencia de las crecientes demandas sociales, aparecerán graves problemas de ingobernabilidad. 

Bajo esta óptica, los opositores a la 4T advierten que el excesivo gasto público (becas a menores de 18 años de hogares en situación de pobreza extrema; jóvenes construyendo el futuro, etcétera), además de que incrementan las tareas del Estado, generará más expectativas y exigencias imposibles de satisfacer, lo que producirá en el Estado una hipertrofia que lo llevará a la ingobernabilidad.

Además, siguiendo el pensamiento de los teóricos del neoliberalismo, Milton Friedman, Robert Nozick… y sus precursores: John Locke, Adam Smith, Ludwig von Mises, sostienen que el aumento de bienestar social, que es precisamente la política que impulsa AMLO, pone en peligro la iniciativa privada, ya que coartan la libre concurrencia. 

A decir de María Eugenia Romero en Los orígenes del neoliberalismo en México (Ed. UNM-FCE), el último de los nombrados estuvo en México el año de 1941, invitado por la derecha mexicana, vino a defender el neoliberal postulado de que reza así: “El cálculo económico resulta imposible en una economía planificada por el Estado”, porque, según él, el Estado social de derecho mata la iniciativa privada.

Para huir del capitalismo salvaje, generador de violencia y desigualdades sociales, desde su origen el Estado social de derecho mexicano (también conocido como Estado de bienestar) formalmente pretendido impulsar un sistema económico capitalista humano y social, que es el mismo que impulsa el gobierno de AMLO, ya que ese es el sentido original de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución del 1917. Pero por desgracia, con poquísimas excepciones, se ha hecho del Estado una cueva de ladrones, sobre todo en los últimos cinco sexenios, por lo que el bienestar muy poco, por no decir nada, ha llegado al pueblo.

Las políticas neoliberales se comienzan a impulsar en México desde el sexenio de Miguel de la Madrid, y en el de Salinas de Gortari, sin las reformas constitucionales que se requerían, se emprende el derrumbamiento del Estado de bienestar para impulsar el modelo de Estado neoliberal.

“Estado mínimo sí, Estado obeso no”, “menos Estado y más sociedad”, fueron las consignas que no solo se materializaron en el transcurso de los últimos cinco sexenios, enriqueciendo mucho más a unos cuantos y empobreciendo a la población, sino que además el neoliberalismo se ha convertido en la ideología dominante.

El último clavo del ataúd del Estado de bienestar fue la reforma a los artículos 25, 27 y 28 en diciembre de 2013, con lo cual la energía eléctrica y el petróleo, que estratégicamente constituían el baluarte de la soberanía nacional, se convierten en una mercancía más del mercado; y para cumplir esta reforma constitucional lograda a base de sobornos millonarios a legisladores priistas y panistas, el 14 agosto de 2014 inició la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ahora bien, desde el inicio del gobierno de AMLO se inició el desmantelamiento del Estado neoliberal para volver al modelo de Estado social de derecho, originándose con ello una polarización ideológica entre las fuerzas políticas que la 4T y las que, por todos los medios, quieren

Los muros más fuertes del modelo de Estado neoliberal son las referidas reformas constitucionales del año 2013. AMLO pudo lograr la aprobación de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica; pero debido a que previamente no se realizaron las reformas constitucionales exigibles, cosa que no se le exigió a Salinas de Gortari para la firma del TLC, ya que esto se requería en ciertos puntos del TLC, dichas reformas fueron interceptadas por medio del juicio de amparo.

Concluyo: el fondo de la polarización política que desde el inicio del sexenio vivimos, es dos proyectos de nación: por un lado, se sostiene que la libre concurrencia es un derecho humano, razón por la cual el petróleo y la energía eléctrica no pueden escapar a las leyes del mercado, y el Estado debe concretarse a establecer las reglas del juego.

Y por el otro se sostiene lo contrario, que el derecho humano es que se garantice una economía mixta con rectoría del Estado. Pero ¡oh, decepción! Lo expuesto aquí se discute en la academia y en los tribunales; en el foro de la política la oposición no quiere debatir, solo mentar madres y calificar de pendejos a los defensores de la 4T.