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A principios de enero, la investigadora Karina García Reyes publicó un texto sobre la violencia vinculada al narcotráfico en México en el portal del Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile, que reprodujeron la revista Nexos y el diario El País. El material forma parte de su tesis doctoral y analiza este fenómeno a partir de “las historias de vida” de 33 exmiembros de cárteles de las drogas a quienes entrevistó entre octubre de 2014 y enero de 2015 sobre “su niñez y adolescencia, alcoholismo, drogas, vandalismo, su incursión y rol en el narco”, hasta su último acto violento. 

La aparición de este material alentó la discusión en diferentes sectores políticos y académicos, no sólo por los testimonios que hablan de pobreza, machismo y un entorno violento, sino por las conclusiones que ofrece su autora, quien pretende en términos académicos poner “sobre la mesa una perspectiva que ha sido ignorada por investigadores, funcionarios públicos y políticos: la de los perpetradores”. 

García Reyes considera que esto “es clave no sólo para abordar un fenómeno complejo, sino para diseñar políticas públicas y de seguridad”. Su investigación considera que revela cómo sus entrevistados “reproducen la ética individualista que permea México desde la entrada del neoliberalismo, a fines de los años 80”. 

El maestro David A. Alonso cuestiona las conclusiones de la investigadora, pues argumenta que pretende generalizar una pauta conductual como la variable que explica la violencia que ha dominado a México en la presente década, algo que es reduccionista.

Uno de los problemas más comunes en los análisis sociales es el uso recurrente de las emociones, ya sea que se hable de economía, política, antropología, sociología y otras disciplinas. Probablemente las emociones son un elemento que permita captar la simpatía del público lector, así como la aceptación apriorística de los argumentos presentados; sin que medie prueba de la consistencia de éstos como si se tratara de un artículo de fe. El texto “Morir es un alivio”, de Karina García Reyes (El País 10-01-2020 ) es un caso típico. 

De manera esquemática la exposición de la autora, considero, recae en tres ejes para intentar explicar el porqué de la violencia inusitada del narcotráfico. 1.-El “neoliberalismo” como núcleo de la pobreza y estancamiento económico de México. 2.-El papel de las autoridades en el diseño de políticas públicas. 3.-El enfoque casuístico como marco metodológico.

En cierta forma trillada, pero muy común, amplios sectores sociales (académicos, periodistas, sindicatos y políticos) de los países en desarrollo, particularmente los latinoamericanos, se han volcado a construir un discurso impreciso y un ambiente adverso a la globalización y a la economía liberal de mercado atribuyéndoles los males estructurales de los países en desarrollo: bajo crecimiento económico, alta concentración del ingreso, retraso tecnológico, científico y crisis medioambiental.

Y esta es, precisamente, la postura adoptada por García Reyes en la construcción de su explicación, en la que la naturalización de la pobreza (pobreza fija), la virulencia de sus actos y la finalidad última entendida, según el texto como: “disfrutar la vida a través del consumo de productos de lujo” es resultado de un ambiente institucional y social generado por el “neoliberalismo”.

Dicha interpretación devela un paupérrimo entendimiento de la economía como ciencia y del mercado como mecanismo social.  Si algo nos ha enseñado la economía es que los individuos maximizamos nuestra riqueza de acuerdo a unas determinadas restricciones sociales e institucionales  (e.g. rule of law ).  Es decir, el funcionamiento de los mercados no puede producirse al margen de ciertas reglas e instituciones fijadas por las sociedades en donde se desenvuelve, de lo contrario correrían el riesgo de caer en la inviabilidad social.

Si recurrimos al texto, la autora de manera explícita reconoce que los miembros del narcotráfico entrevistados: “entraron al narco porque, aun cuando la economía informal les permitía sobrevivir bien y mantener a sus familias, ellos querían más”. Lo cual indica que los individuos entrevistados, a pesar de realizar una actividad informal, ésta no atentaba directamente contra la sociedad o dicho de otra manera, esta actividad se movía en los márgenes sociales e institucionales permisibles, los cuales fueron fijados por la comunidad de su adscripción.

El problema se hace presente cuando esa actividad informal rebasa los límites de la permisibilidad social, o sea, cuando los mencionados sicarios se transforman de empleados informales en narcotraficantes, lo que de suyo implica la clandestinidad y la ilegalidad, fenómenos que conducen de manera franca a la inviabilidad social. ¿Esta situación es atribuible al mercado o “neoliberalismo” como lo denomina la autora? O es más bien una ausencia, omisión e incapacidad de las autoridades mexicanas para cumplir de manera eficiente y cabal el Estado de derecho, así como fijar un marco jurídico sensato que pueda ser internalizado por toda la sociedad que es sujeta de aplicarse.

›A manera de resumen, el mercado o “el neoliberalismo”, como lo denomina la autora, no es el catalizador del narcotráfico. Este es el resultado complejo de fenómenos más profundos como una economía incapaz competir satisfactoriamente en el plano global, una sociedad carente de una rigurosa formación intelectual (educación básica) y, por tanto, sujeta a la agenda de los grupos corporativos y lobbies políticos, y en general, una cultura cívica que enaltece el desprecio por la legalidad (no es extraño que la narcocultura haya arraigado profundamente a través de nuevos códigos sociales).

Por lo que respecta a las políticas públicas, la autora deja entrever dos aspectos: el primero es que las autoridades no han enfocado su diseño (políticas públicas) a partir de la perspectiva de los sicarios o perpetradores y, por ende, las políticas implantadas por las autoridades actuales han tenido resultados insatisfactorios. Pero omite que las autoridades mexicanas, al menos desde la década de 1980, han realizado una descripción pormenorizada del perfil socioeconómico de los integrantes del narcotráfico —véase Proceso 439—, así como de las regiones en la que sus organizaciones se desarrollan; como el caso del cártel de Guadalajara comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Organización que probablemente se haya constituido como el primer grupo narcotraficante mexicano con carácter global financieramente hablando, el cual pudo ser desmantelado con relativa facilidad, si lo comparamos con sus contemporáneos colombianos, como el cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.

De esta forma el texto carece de una perspectiva histórica del fenómeno y de las correspondientes respuestas institucionales que en sí han tenido acierto y que, en efecto, se han basado en una correcta caracterización socioeconómica (De la Madrid H. Miguel, Una mirada hacia el futuro. FCE, 2006), y una correcta acción de las autoridades judiciales.

Resulta paradójico que quien denuncia airadamente la violencia desatada por el narcotráfico haga mutis sobre el nombre de los responsables que por sus acciones y omisiones en el desempeño de funciones institucionales han permitido la proliferación del narcotráfico en el contexto actual, como son los casos de Javier Coello Trejo, Mario Ruiz Massieu, Jorge Carpizo McGregor, Carlos Hank González (padre) o Guillermo González Calderoni.

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