Taibo en el FCE: No habrá final feliz

En días recientes, el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, dio a conocer la cancelación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) –que este año llegaría a su 40 aniversario–, y también el “grave peligro” que corría la red de librerías Educal, si no se le inyectaba dinero desde la Secretaría de Cultura. Anunció también que se mantiene la Feria del Libro del Zócalo –en la que participa la Brigada para Leer en Libertad, fundada hace más de una década por el escritor– que promete ser, según él, “la mejor que se ha hecho en muchos años”.

No extrañan ninguna de las noticias. La centralización que se ha emprendido desde la llegada de Taibo al FCE, busca, hasta donde puede verse, darle el control de la producción estatal de libros y crear un caos administrativo, al fusionar tres instancias (Fondo de Cultura Económica, la Dirección General de Publicaciones y Educal) pertenecientes a dos secretarías (la de Educación Pública y la de Cultura) que son, desde sus estatutos, infusionables. De ahí que, transcurridos dos años, la actual administración siga buscando la cuadratura al círculo y no haya claridad de qué funciones están cumpliendo esas instancias en este momento.

Al día de hoy, lo cierto es que no hay fusión –salvo de facto, y quién sabe bajo qué términos y condiciones–, no hay FILIJ, está en riesgo Educal y, según dice “El Jefe”, el FCE aguanta hasta diciembre. El rumbo se ha perdido. El capitán no sabe navegar y, mientras aprende, va a hundir nuestros dos ejes de historia editorial estatal: el FCE y la DGP.

 Una comedia de enredos

Para entender cómo hemos llegado a este punto, conviene reconstruir la trayectoria de Taibo en el FCE. En agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador, siendo aún presidente electo, nombró a Margo Glantz, escritora de sobradas credenciales, como la sucesora de José Carreño Carlón en la dirección general del Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, el 3 de octubre se difundió un video, grabado un día antes, en el que AMLO, en medio de un mitin, le proponía ese mismo puesto a Taibo. El video tuvo mucha difusión en las redes sociales y Margo Glantz salió a aclarar en un tuit que desde el 3 de septiembre había enviado su carta de renuncia al cargo, citando razones personales. El 4 de octubre, el autor de Días de combate subió otro video en el que anunciaba que había aceptado la encomienda presidencial.

El problema era que la ley impedía a Taibo tomar dicho cargo. El artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales contemplaba que solo podrían dirigir entidades paraestatales u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal aquellas personas que fueran “mexicanas por nacimiento”. En vista de que Taibo había nacido en Gijón, España, y se había nacionalizado mexicano, no podía asumir el cargo. Sin embargo, a finales de noviembre la Cámara de Senadores aprobó una reforma de ley para eliminar esa restricción. El cambio “a modo” hizo que los medios bautizaran esa reforma como “la ley Taibo”. El 3 de diciembre de ese mismo año, sin nombramiento de por medio, el escritor y su equipo entraron a las instalaciones del Fondo para iniciar “un nuevo Fondo”: sustituiría a Carreño como gerente editorial encargado de despacho. Para enero de 2019 era de facto director, aun cuando la reforma a la ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo del 2019.

Los debates alrededor de la ley y las declaraciones vulgares de Taibo en la FIL de Guadalajara en noviembre mantuvieron ocupado el debate público y no permitieron ver el escenario institucional que se presentaba con el arribo del escritor. Quienes formamos parte de la industria (intelectuales, editores, pensadores, escritores, ilustradores, correctores, servidores públicos) no cuestionamos, al menos no lo suficiente, el tema que de verdad importaba: la fusión del FCE con la Dirección General de Publicaciones y Educal.

Se hablaba poco de ello. La Secretaría de Cultura iba a perder uno de sus bastiones con la llegada de AMLO al poder. No había manera de evitarlo. El órgano editorial del Estado pasaría a formar parte, por ahora, del FCE como canal de tránsito hacia un “Instituto del Libro y la Lectura”, del cual, hasta el día de hoy, no se ha vuelto a hablar. En la DGP se dio el cambio de estafeta: salió Marina Núñez Bespalova y en su lugar quedó María Angelina Barona Del Valle –que no Marilina, como firma sus comunicados–, quien, desde su nombramiento, no ha tenido ninguna acción digna de mencionar. Según los trabajadores de la Dirección, desde diciembre de 2018 en la DGP ya se trabajaba bajo las órdenes de Taibo. Desde ahí se formaban libros que él decidía y como él lo decidía. Se tenían reuniones con diseñadores, con colaboradores. Se trabajaba no para la DGP sino para el FCE, incluso si no existía ningún decreto de fusión.

En septiembre de 2019, Taibo había declarado que la fusión formal y legal entre FCE y DGP se daría a finales de año. En enero de 2020 volvió a decir que en dos meses el asunto quedaría resuelto. No sucedió así porque la fusión implica modificaciones a la ley más profundas que los simples cambios en el organigrama, como había manifestado el nuevo director. Las funciones establecidas en la ley para el FCE y para las librerías Educal son diferentes. En una entrevista con el diario La Razón, el promotor cultural Arturo Salcedo lo explicó de este modo: “tienen que modificar la ley de la Secretaría de Cultura, la Ley Orgánica de la Administración Pública, e incluso el estatuto del FCE. Están haciendo híbridos de tunas con peras; no saben ni dónde están parados”.

La estrategia que parecen haber adoptado Taibo y su equipo es la del cansancio. En junio del año pasado, trabajadores de la DGP protestaron con carteles y un cierre simbólico de las oficinas al interior del edificio que alberga a la Secretaría de Cultura. Algunos de los mensajes pedían a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, pronunciarse ante las pretensiones de fusionar ambas instancias y otros rechazaban “el traslado ilegal de recursos al Fondo de Cultura Económica”.  El director del FCE ha manifestado en diversas ocasiones que la fusión evitará “duplicidades de funciones” como las que había en el pasado: “dos redes de librerías, dos aparatos editoriales, proyectos de fomento a la lectura por todos lados, a los que vamos a unificar, concentrarlos”. Eso significa que inevitablemente habrá despidos y desaparición de plazas.

No está de más recordar que, en 1994, cuando se modificó por decreto el estatus de fideicomiso a organismo descentralizado del FCE, se estableció que este “tiene como objetivo la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población”. Educal, constituida legalmente en 1982 como una empresa de participación estatal mayoritaria, tiene como principal función distribuir y comercializar libros y productos culturales. Por su parte, la Dirección General de Publicaciones es la instancia mediante la cual la Secretaría de Cultura desarrolla(ba), publica(ba) y difunde(día) una oferta editorial enfocada al fomento a la lectura y al libro. Además otorga(ba) apoyos para el fomento a la traducción, define(ía) espacios de comercialización de los fondos editoriales de la Secretaría, participa(ba) en foros internacionales relacionados con el libro y la lectura a nombre de la Secretaría y organiza(ba), da(ba) seguimiento a las reuniones de la coordinación editorial de la Secretaría, así como elabora(ba) las políticas editoriales y de comercialización para toda la entidad, incluidos sus sectorizados. Dicho lo anterior ¿cuál es la duplicidad de funciones, de las que tanto habla Taibo, entre la Dirección General de Publicaciones y el Fondo de Cultura Económica?

En 1989 al crearse el CONACULTA, se integraron a su organigrama esas dos instancias vitales para el fortalecimiento de las estrategias de Fomento al Libro y la Lectura: la Dirección General de Publicaciones se encargaría de conservar, promover, difundir y fortalecer el patrimonio y cultura literaria nacionales, y Educal imprimiría y distribuiría los libros. Dado lo ambicioso del proyecto, ambas instancias se concentraron en Conaculta y dejaron, por ende, de formar parte de la instancia que las concentraba: la Subdirección General de Publicaciones y Medios, adscrita a la Secretaría de Educación Pública, quien realizaba esta labor desde décadas atrás, prácticamente desde su fundación, en 1921, a través de diversas colecciones y con diferentes etapas de evolución. Fue con la creación de la Secretaría de Cultura (2015) que a la DGP se le integraron funciones adicionales, e incluso se propuso convertirla en una Dirección General del Libro y la Lectura, nombre que, aunque no se conservó, quedó registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De modo que el tan cacareado Instituto del Libro y la Lectura de Taibo ni siquiera es una idea original.

A partir de 2013 y hasta 2018, mientras la DGP estuvo bajo la dirección de Núñez Bespalova, se replantearon las directrices de la misma y se consolidaron una serie de ejes de trabajo y de programas de fomento a la lectura. Se resignificó la función social del libro, se dignificó la labor de cada uno de los involucrados en la cadena del libro y se visibilizaron las voces de la literatura nacional en el ámbito local e internacional como nunca antes. En especial, el impulso que aquella Dirección General de Publicaciones hizo de la Literatura Infantil y Juvenil es de aplaudirse. Consolidó la FILIJ, al punto de ser considerada la feria más grande e importante de Iberoamérica en su género. La edición realizada en 2018 fue el punto más alto de su trayectoria. Fue la última gran FILIJ no solo por la asistencia –casi 500 mil visitantes– sino por la vinculación de actores de la industria, y por el respeto y la dignidad con que se pensaba, desde la organización, en el lector/asistente/consumidor final: el público infantil y juvenil.

 La centralización

Paco Ignacio Taibo II, al igual que sus colaboradores cercanos, principalmente Fritz Glockner, en tanto director general de Educal, hablaron una y otra vez sobre sus grandes planes de crecimiento e innovación. Se jactaron de sus premisas: a) no cerramos librerías, b) no despedimos trabajadores y c) no trituramos libros. Al día de hoy, lo cierto es que ya no cumplieron la primera: su filial de Brasil está en proceso de cierre; “salvaron”, por ahora, Venezuela y, hasta antes de la crisis de la covid-19, la situación en Argentina era delicada.

Es verdad que el sector del libro vive un momento complicado. Hoy, la industria latinoamericana camina sobre vidrios. Específicamente, la realidad nacional es angustiante. La dupla Taibo-Glocker difícilmente podrán cumplir su palabra y, como ellos mismos vaticinaron hace unos días, “Educal corre grave peligro”. La covid les allanó el camino, pero el desmantelamiento de la DGP y del FCE estaba ya en marcha.

Es importante hacer hincapié en un punto: de la noche a la mañana, el Fondo de Cultura Económica tenía (y tiene) un potencial (y un poder) que ninguno de sus anteriores directores imaginó: 1) Sus librerías, gracias a Educal, pasaron de 17 a 116, de las cuales 37 de ellas están en la Ciudad de México, seis en el Estado de México y seis en Michoacán por mencionar los estados que tienen mayor concentración de sucursales. 2) También tienen los librobuses, cuyo proyecto data de 2009 y surge desde Educal. Su objetivo ha sido el mismo de origen: una librería móvil que llegue a regiones donde no existen librerías y desde el cual puedan desarrollarse acciones de promoción de la lectura. 3) Poseen un vasto catálogo de colecciones, publicaciones y autores, de los cuales hoy, poco o nada sabemos y que, de hecho, ¿se sumaron a las filas del FCE? ¿Se perdieron? ¿Y qué pasó con los autores del plan editorial 2018-2021 de la DGP? Hasta ahora todas esas preguntas están sin resolver.

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