La renacionalización de la industria eléctrica

Todavía en los años sesenta del siglo pasado, una parte importante del suministro de la energía eléctrica la proveía el sector privado. La Compañía de Luz y Fuerza Motriz, de propiedad privada, contribuyó significativamente a que la generación de electricidad aumentara 9.1 por ciento anualmente entre 1950 y 1962. Vale la pena recordar lo ocurrido entonces: “Cuando las necesidades de expandir la generación de electricidad se toparon a principios de los años sesenta con costos crecientes por la inflación acumulada y por los excesos del Sindicato Mexicano de Electricistas (el famoso SME) en la Compañía de Luz y Fuerza Motriz (que en 1962 se convirtió en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro –LyFC–), el gobierno se enfrentó con la disyuntiva siguiente: o bien permitía a la empresa aumentar sus precios de la energía para que continuara operaciones, o bien reducía su apoyo al SME y permitía que hubiera una reducción del costo de la mano de obra de la empresa. En ambos casos, el resultado no era aceptable para el gobierno. Significaba elevar los precios de la energía, o bien socavar su influencia en el SME con el problema potencial de que le causara conflictos políticos difíciles de manejar. Por lo tanto, el gobierno optó por controlar los precios al usuario final y mantener la buena voluntad del sindicato, a través de la estatización de la empresa en 1960, y el consecuente otorgamiento de subsidios de ahí en adelante para que la generación de energía no se detuviera. En un principio los subsidios fueron pequeños, pero con el tiempo las ineficiencias se fueron acumulando y con ellas el monto de los subsidios necesarios. De hecho, los precios de la energía fueron congelados entre 1962 y 1974, además de que hubo subsidios al consumo que adicionalmente mermaban la competitividad de la empresa y de la industria eléctrica, ya para entonces 100 por ciento en manos del Estado” (de mi autoría, El largo curso de la economía mexicana. De 1780 a nuestros días, Colmex y FCE, 2015).

Lo que continuó fue el aumento de los subsidios, la obsolecencia de la industria, tanto en la CFE como en LyFC, el aumento exponencial de las prebendas a los trabajadores (especialmente sus esquemas pensionarios), y el peligro inminente de que el abastecimiento de electricidad no fuera suficiente. Ante esta amenaza, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente de Ernesto Zedillo, se reformó la ley para permitir que empresas privadas participaran en la producción con muchas restricciones. No se generó un mercado de electricidad como tal, pero se evitó, por muchos años, la escasez de energía eléctrica en el país. Esos productores independientes representan hoy el 19.4 por ciento de la capacidad de generación de electricidad en el país (otros productores privados tienen el 28.2 por ciento). Luego vino la extinción de LyFC en el sexenio de Felipe Calderón y la absorción de su operación por parte de la CFE.

La reforma energética del Pacto por México generó las instituciones para establecer un mercado de electricidad en México (con la creación de la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía), manteniendo la CFE el monopolio de transmisión y distribución, y se establecían mecanismos, como los Certificados de Energías Limpias, para favorecer la transición energética hacia las energías de fuentes renovables. Así se promovía la generación de energía más barata y limpia, comparada con la producida por combustóleo y gas. Como toda reforma estructural toma tiempo apreciar los resultados. Los indicadores eran muy halagüeños pues se había logrado una inversión privada en el sector calculada en alrededor de 120 mil millones de dólares. De no haberlo hecho el sector privado, la inversión tendría que haber provenido de la CFE pagada con los impuestos que pagamos (pues no genera utilidades), y no se habría destinado ese dinero para otros usos, como educación, salud, pensiones, etcétera.

La iniciativa constitucional enviada por el presidente López Obrador es una renacionalización del sector por razones semejantes, aparentemente, a las que tuvo López Mateos hace 61 años, para estatizarla en 1960: mantener el apoyo político del sindicato y sus bases duras, así como controlar precios al consumidor de la electricidad (y gas) por razones clientelares. Ello, como ya sucedió en el pasado, significará aumentar los subsidios que impactará la viabilidad de las finanzas públicas. El CCE calcula que el impacto fiscal, de aprobarse la reforma, será de 62 mil 100 millones de pesos anuales adicionales a los 74 mil millones que ya se otorgan. Hoy, además, el gobierno parece querer restablecer la “rectoría económica del Estado” sin importar el costo económico y ambiental, y que modifica sustancialmente las reglas que tenemos. Por cierto, estas reglas fueron desarrolladas como respuesta a los excesos del estatismo y de las consecuencias de un gobierno de un solo hombre, que nos llevó a la nacionalización de la banca y la crisis de la deuda de 1982. ¿Queremos volver a recorrer ese camino?

 

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